Paren la reforma de la Ley de Extranjería que pretende legalizar las devoluciones ilegales.
El pasado día 21 de octubre el Partido Parlamentario Popular en el Congreso introdujo una enmienda al Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana con el fin de reformar la ley de Extranjería y dar cobertura legal a las denominadas “devoluciones en caliente”, a pesar de ser contrarias a nuestra Constitución, al Derecho comunitario y al Derecho internacional de los derechos humanos.
Dichas prácticas, consistentes en la entrega a Marruecos por la vía de hecho, al margen de los procedimientos legalmente establecidos y sin cumplir las garantías internacionalmente reconocidas, de personas interceptadas en territorio de soberanía nacional, han conmocionado a la opinión pública nacional y manchado la imagen internacional de España. Han sido cuestionadas públicamente con dureza por instituciones como el Defensor del Pueblo, el Consejo General de la Abogacía Española, asociaciones de jueces y fiscales, la Conferencia Episcopal Española, juristas de reconocido prestigio, por la Comisión Europea, así como por organismos internacionales como el Consejo de Europa, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y otros organismos de protección de los derechos humanos. Esta unanimidad en la crítica debería hacer reflexionar a sus señorías sobre el despropósito de semejante enmienda. Conviene no olvidar que, además, estas prácticas han dado lugar a la imputación penal de altos cargos civiles y militares.
El pasado día 21 de octubre el Partido Parlamentario Popular en el Congreso introdujo una enmienda al Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana con el fin de reformar la ley de Extranjería y dar cobertura legal a las denominadas “devoluciones en caliente”, a pesar de ser contrarias a nuestra Constitución, al Derecho comunitario y al Derecho internacional de los derechos humanos.
Dichas prácticas, consistentes en la entrega a Marruecos por la vía de hecho, al margen de los procedimientos legalmente establecidos y sin cumplir las garantías internacionalmente reconocidas, de personas interceptadas en territorio de soberanía nacional, han conmocionado a la opinión pública nacional y manchado la imagen internacional de España. Han sido cuestionadas públicamente con dureza por instituciones como el Defensor del Pueblo, el Consejo General de la Abogacía Española, asociaciones de jueces y fiscales, la Conferencia Episcopal Española, juristas de reconocido prestigio, por la Comisión Europea, así como por organismos internacionales como el Consejo de Europa, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y otros organismos de protección de los derechos humanos. Esta unanimidad en la crítica debería hacer reflexionar a sus señorías sobre el despropósito de semejante enmienda. Conviene no olvidar que, además, estas prácticas han dado lugar a la imputación penal de altos cargos civiles y militares.


