Queremos mostrar nuestra repulsa de los hechos sucedidos en Salou el pasado martes: la muerte de Mor, vecino de Salou desde hace más de veinte años de origen senegalés, que ha fallecido en circunstancias todavía no esclarecidas debidamente por las autoridades, durante el allanamiento de su vivienda en una operación contra el denominado “top manta” por parte de los mossos de escuadra. Compartimos el dolor de las personas conocidas y allegadas, la preocupación por la arbitrariedad en el uso de la fuerza y la actuación general de las fuerzas policiales así como el racismo detrás de los hechos, y trasladamos nuestro apoyo a las protestas y actos de repulsa que ya han tenido lugar en Salou y otras localidades como Barcelona, así como nuestra solidaridad con las personas detenidas durante las protestas.
Pero sobre todo queremos también denunciar que no se trata de un hecho aislado, ni alejado de la realidad que vivimos en muchos otros lugares del Estado, y en la propia ciudad de Madrid. De forma habitual se producen vulneraciones de derechos, como es la presencia policial en los domicilios sin orden judicial o en actuaciones arbitrarias sin protocolos de actuación claros que respeten los derechos fundamentales mínimos; las redadas racistas o el reclamar a los manteros no sólo su documentación, sino el acceso al contenido de sus teléfonos móviles sin orden judicial, en contra de su derecho a la privacidad en las comunicaciones. Actuaciones policiales desproporcionadas derivan en lesiones, y lamentablemente esta nueva muerte se suma a otras muertes producidas en circunstancias similares, lo que constituye el ejemplo más dramático y concluyente de la ineficacia de tratar un tema social desde una óptica meramente represiva y xenófoba por parte de las fuerzas de seguridad.
La criminalización de la migración y la pobreza sólo genera más exclusión social, y un círculo vicioso que nada aporta a nuestra convivencia. La venta callejera es un trabajo que no debería nunca considerarse una actividad delictiva, sino el resultante de una situación social desesperada de miles de personas que se suman a este tipo de prácticas ante la preocupación de no poder cubrir las necesidades más elementales: vivienda, alimentación, medicamentos y atención médica... Pero, la reciente reforma del Código Penal, que eleva las penas y tipifica el top manta como delito, refuerza esta visión represiva policial, favorece aún más la multiplicación de situaciones de acoso e intimidación, y refuerza un discurso criminalizador de las personas que se encuentran en situación de exclusión por parte de los medios de comunicación y de nuestros y nuestras responsables políticas. Un discurso que trata a las personas manteras como ajenas a la sociedad española, negándoles su condición de conciudadanas y convecinas y que en lugar de escuchar sus problemas y atender sus necesidades, les etiqueta como otro problema y les niega su derecho y libertad a protestar frente a situaciones injustas, incluso a veces manifiestamente ilegales.
Pero frente a los intentos de acallarnos elegimos alzar la voz, y exigimos a las autoridades judiciales competentes, el adecuado seguimiento de los sucesos acaecidos en Salou, donde se suceden todavía los interrogantes: ¿por qué no se encontraba el secretario o la secretaria judicial presente en el momento del allanamiento, como debiera haber sucedido? ¿existen grabaciones de la intervención policial, tal y como es habitual en el protocolo de actuación en estos casos?
Reclamamos además de los y las responsables políticas, y en particular al Ayuntamiento de Madrid, ciudad en la que vivimos y trabajamos, que reaccionen con urgencia y de forma clara y contundente para mejorar la situación de las personas manteras y otros colectivos en situación similar, y exigimos:
- La derogación de la Ley Mordaza y la última reforma del Código Penal, que eleva las penas y cambia la consideración de la venta en top manta de falta administrativa a delito, y que busca, además, acallar la protesta de las personas migrantes, que pueden ver afectada su situación administrativa como consecuencia de su participación en acciones de protesta colectiva.
- La adecuada vigilancia de las actuaciones policiales relacionadas con el top manta y, en general, de la venta ambulante no regulada, con el objetivo de erradicar las vulneraciones de derechos y libertades y los actos intimidatorios que actualmente se producen. Asimismo, y con el mismo objetivo, la puesta en marcha de acciones formativas y protocolos de actuación para una acción policial siempre respetuosa de la dignidad y los derechos de la persona, y sin elementos de índole xenófobo o racista.
- Un viraje en las estrategias actuales en relación al top manta, basadas en la persecución policial, para centrarse y dar respuesta a la cuestión de fondo: la necesidad de crear oportunidades de trabajo para un colectivo compuesto de personas tanto en situación administrativa irregular como, cada vez más, en situación regular, que no tienen acceso a otras oportunidades laborales, entrando en un círculo vicioso de exclusión.
- Colectivos, vecinas y vecinos de Madrid, con manta y sin manta, personas subsaharianas o no, reiteramos nuestra voluntad de trabajar juntas por un Madrid en el que tengamos lugar y derechos –sobre todo derechos- todas las personas, con independencia del lugar de procedencia o la situación administrativa.
!No más más persecuciones clasistas y racistas!
Colectivos de Lavapiès
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