El pasado 22 de marzo tuvo lugar el juicio de apelación de Victoire Ingabire contra el gobierno ruandés ante la Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos. El gran ausente en Arusha, lugar donde se celebra la vista pública, ha sido el Estado ruandés.
Victoire Ingabire Umuhoza, defensora ruandesa de derechos humanos y líder del partido de la oposición FDU-INKINGI, fue detenida y acusada de negación del genocidio y se encuentra encarcelada en Kigali desde hace más de seis años. Tras un juicio plagado de irregularidades y falto de las mínimas garantías judiciales fue condenada inicialmente a 8 años de prisión y, después del proceso de apelación ante los tribunales ruandeses, a 15 años.
Numerosas organizaciones de derechos humanos de todo el mundo han venido denunciando desde entonces los hechos que sucedieron durante el juicio, la lamentable situación en la que se encuentra Victoire en la prisión, los constantes obstáculos puestos por el gobierno ruandés y la falta de garantías de todo el proceso judicial según los estándares internacionales de los derechos humanos.
El proceso de apelación ante la Corte Africana debería haber comenzado el 4 de marzo del pasado año. Sin embargo el gobierno Ruandés ha bloqueado de forma sistemática este proceso.
Victoire Ingabire Umuhoza, defensora ruandesa de derechos humanos y líder del partido de la oposición FDU-INKINGI, fue detenida y acusada de negación del genocidio y se encuentra encarcelada en Kigali desde hace más de seis años. Tras un juicio plagado de irregularidades y falto de las mínimas garantías judiciales fue condenada inicialmente a 8 años de prisión y, después del proceso de apelación ante los tribunales ruandeses, a 15 años.
Numerosas organizaciones de derechos humanos de todo el mundo han venido denunciando desde entonces los hechos que sucedieron durante el juicio, la lamentable situación en la que se encuentra Victoire en la prisión, los constantes obstáculos puestos por el gobierno ruandés y la falta de garantías de todo el proceso judicial según los estándares internacionales de los derechos humanos.
El proceso de apelación ante la Corte Africana debería haber comenzado el 4 de marzo del pasado año. Sin embargo el gobierno Ruandés ha bloqueado de forma sistemática este proceso.
En un primer momento comunicó a la Unión Africana la retirada de la declaración que permite a sus ciudadanos y ciudadanas presentar una denuncia ante la Corte Africana. A pesar de las presiones, los jueces de la Corte consideraron que la retirada no podía hacerse efectiva al menos hasta dentro de un año y que sus efectos no eran retroactivos, de forma que el proceso de apelación debía continuar.
Sin embargo las presiones ruandesas continuaron. La Corte admitió la presentación de un informe jurídico externo por parte de la Comisión Nacional de Lucha contra el Genocidio (CNLG) que apoyaba las tesis del gobierno y, por el contrario, rechazó la presentación del informe presentando por siete organizaciones internacionales de derechos humanos apoyando la defensa de Victoire.
Además el gobierno Ruandés consiguió que una de las tres juezas que condenaron a Victoire en su día ocupe una de las plazas vacantes en el Tribunal, la señora Marie-Thérèse Mukamulisa.
Sin embargo, las constantes denuncias de las organizaciones de derechos humanos, del Parlamento Europeo y de las Naciones Unidas, han hecho que el gobierno ruandés decida retirarse del caso ante la Corte y no presentarse al juicio, alegando como razón principal que los jueces han sido corrompidos por algunas de las agencias internacionales de cooperación que les dan financiación como USAID o la GTZ y por algunas ONGS internacionales de derechos humanos como es el caso de la FIDH.
Sin embargo las presiones ruandesas continuaron. La Corte admitió la presentación de un informe jurídico externo por parte de la Comisión Nacional de Lucha contra el Genocidio (CNLG) que apoyaba las tesis del gobierno y, por el contrario, rechazó la presentación del informe presentando por siete organizaciones internacionales de derechos humanos apoyando la defensa de Victoire.
Además el gobierno Ruandés consiguió que una de las tres juezas que condenaron a Victoire en su día ocupe una de las plazas vacantes en el Tribunal, la señora Marie-Thérèse Mukamulisa.
Sin embargo, las constantes denuncias de las organizaciones de derechos humanos, del Parlamento Europeo y de las Naciones Unidas, han hecho que el gobierno ruandés decida retirarse del caso ante la Corte y no presentarse al juicio, alegando como razón principal que los jueces han sido corrompidos por algunas de las agencias internacionales de cooperación que les dan financiación como USAID o la GTZ y por algunas ONGS internacionales de derechos humanos como es el caso de la FIDH.
Pero su intención es clara: no aceptar en ningún caso la sentencia emitida por los jueces de la Corte y cuestionar su legitimidad. Esta decisión tendrá graves consecuencias que repercutirán negativamente en las víctimas de violaciones de derechos humanos.
A pesar de la ausencia del gobierno ruandés la audiencia se celebró el 22 de marzo en un clima de serenidad. Ahora las partes deben presentar sus conclusiones. El caso entra en fase de deliberación.
Los jueces de la Corte no pueden dejarse intimidar por gobiernos corruptos y dictatoriales que no cumplen con sus obligaciones internacionales de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de su ciudadanía.
Comités de Solidaridad con África Negra – UMOYA. 24 de marzo de 2017
A pesar de la ausencia del gobierno ruandés la audiencia se celebró el 22 de marzo en un clima de serenidad. Ahora las partes deben presentar sus conclusiones. El caso entra en fase de deliberación.
Los jueces de la Corte no pueden dejarse intimidar por gobiernos corruptos y dictatoriales que no cumplen con sus obligaciones internacionales de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de su ciudadanía.
Comités de Solidaridad con África Negra – UMOYA. 24 de marzo de 2017
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