El pasado 22 de marzo tuvo lugar el juicio de apelación de Victoire Ingabire contra el gobierno ruandés ante la Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos. El gran ausente en Arusha, lugar donde se celebra la vista pública, ha sido el Estado ruandés.
Victoire Ingabire Umuhoza, defensora ruandesa de derechos humanos y líder del partido de la oposición FDU-INKINGI, fue detenida y acusada de negación del genocidio y se encuentra encarcelada en Kigali desde hace más de seis años. Tras un juicio plagado de irregularidades y falto de las mínimas garantías judiciales fue condenada inicialmente a 8 años de prisión y, después del proceso de apelación ante los tribunales ruandeses, a 15 años.
Numerosas organizaciones de derechos humanos de todo el mundo han venido denunciando desde entonces los hechos que sucedieron durante el juicio, la lamentable situación en la que se encuentra Victoire en la prisión, los constantes obstáculos puestos por el gobierno ruandés y la falta de garantías de todo el proceso judicial según los estándares internacionales de los derechos humanos.
El proceso de apelación ante la Corte Africana debería haber comenzado el 4 de marzo del pasado año. Sin embargo el gobierno Ruandés ha bloqueado de forma sistemática este proceso.
Victoire Ingabire Umuhoza, defensora ruandesa de derechos humanos y líder del partido de la oposición FDU-INKINGI, fue detenida y acusada de negación del genocidio y se encuentra encarcelada en Kigali desde hace más de seis años. Tras un juicio plagado de irregularidades y falto de las mínimas garantías judiciales fue condenada inicialmente a 8 años de prisión y, después del proceso de apelación ante los tribunales ruandeses, a 15 años.
Numerosas organizaciones de derechos humanos de todo el mundo han venido denunciando desde entonces los hechos que sucedieron durante el juicio, la lamentable situación en la que se encuentra Victoire en la prisión, los constantes obstáculos puestos por el gobierno ruandés y la falta de garantías de todo el proceso judicial según los estándares internacionales de los derechos humanos.
El proceso de apelación ante la Corte Africana debería haber comenzado el 4 de marzo del pasado año. Sin embargo el gobierno Ruandés ha bloqueado de forma sistemática este proceso.


